TAREA 18. Pena de muerte.

 

-        ¿En qué países se da la pena de muerte?

En 2022, se reanudaron las ejecuciones en cinco países —Afganistán, el Estado de Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur— al mismo tiempo que éstas aumentaron en Irán (de 314 a 576), Arabia Saudita (de 65 a 196) y Estados Unidos (de 11 a 18).

El número documentado de personas ejecutadas por delitos relacionados con drogas se duplicó de manera relevante en 2022 en relación con 2021. Las ejecuciones por ese delito violan el derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con el cual sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por “los delitos más graves”, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencional. Se documentaron ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudita (57), China e Irán (255) y Singapur (11), que representaron el 37 por ciento de todas las ejecuciones documentadas en todo el mundo por Amnistía Internacional.

Es probable que también se llevaran a cabo ejecuciones por ese delito en Vietnam, aunque la cifras seguían siendo secreto de Estado.

-       2 tipos de delitos intencionales.

Comete el delito de revelación de secretos el que, sin causa justa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, puesto o cargo.

Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

-       Sanción pecuniaria, multa y reparación del daño:

Sanción pecuniaria, es el castigo en forma de dinero que se impone al condenado ante un hecho punible y en sustitución (a veces como complemento) del mismo.

Multa, Pena pecuniaria que supone la obligación de pago de una cantidad de dinero por parte del condenado por la comisión de una infracción penal, impuesta según el sistema de días multa o con un carácter proporcional.

Reparación del daño, es una pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito.